Con la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, recaída en el caso Gil Domínguez por la que se declaró la inconstitucionalidad del plazo de caducidad de 45 días en la acción de amparo, se reivindicó la respuesta constitucionalmente admisible contra los actos, conductas u omisiones que se reputen manifiestamente arbitrarios e ilegítimos, conduciéndonos paralelamente a reflexionar sobre la suerte que corren los plazos perentorios del procedimiento y del proceso administrativo frente a comportamientos que exhiban tal patología. En el caso de la defensa de los derechos frente al Estado, y ante la existencia de un acto administrativo, incluso frente a un comportamiento que pueda ser calificado de vía de hecho, que exhiba arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta, afecte derechos o garantías constitucionales, el mero transcurso de los plazos para el inicio de la vía ordinaria podría dejar de ser —por decisión de la Legislatura o por atomizadas decisiones judiciales— un límite para la tutela judicial continua y efectiva en la Ciudad de Buenos Aires. Los ritualismos inútiles y las altas barreras de acceso —por tiempos y por costos— a la vía ordinaria, empujan al particular hacia el amparo. La apertura de esta vía, más allá de los plazos originalmente previstos para su interposición, profundizará, con seguridad, esta situación. Se corre el riesgo, así, de que el justo festejo por la ampliación de las fronteras temporales del amparo sea seguido por el luto de su efectividad como acción defensiva ante el atropello de los derechos por el Estado y por los demás particulares. Devolver, si es que alguna vez la tuvo, eficacia y eficiencia al proceso ordinario de impugnación y reclamo judicial por los actos y omisiones del Estado será, a la postre, el más fuerte espaldarazo que el amparo pueda recibir. El paso que ha dado el Tribunal Superior es, sin dudas, importante. ¿Darán la Legislatura y la Justicia de la Ciudad también los pasos que siguen en el demorado recorrido hacia la tutela judicial continua y efectiva de los particulares frente al Estado?